FERNANDO COUSO GARCIA

– Graduado en Criminología por la Universidad del País Vasco. UPV-EHU.

– Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

ZURIÑE GONZALEZ SANCHEZ

– Graduada en Criminología por la Universidad del País Vasco. UPV-EHU.

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Será legal, pero no hay derecho

Fernando Couso García

 

El artículo 47 de la Constitución Española indica que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. 60 palabras para la vergüenza.

Ayer asistimos a una nueva conducta vergonzosa y avergonzante, por muy amparada que esté por la actual legislación. Delante de 4 miembros de la comitiva judicial y una veintena de policías nacionales1, María Teresa (Maite como la conocen en su entorno de la calle Nazaret de Fuenlabrada), 54 años, víctima de violencia de género, se vio obligada a abandonar su casa acompañada de Teresa, su madre, de 82 años, enferma de cáncer y sus dos hijas de 8 y 12 años.

En 2015 su madre había puesto la vivienda familiar como aval para que Maite, (a través de un abusivo crédito de 11.000 € que, sumados a la letra pequeña, al 17% de interés nominal y un 35% de interés en caso de impago, ascendían a 27.000 €), pudiera montar un bar con su maltratador como socio y, como tantos españoles, acudir al autoempleo para poder vivir.

Maite no pudo hacer frente al pago de la deuda contraída con el banco prestatario y en 2019 su vivienda salió a subasta. En dicha subasta, tres sociedades (Ovigest Consulting, Triple del Gironés y Mustus Finance), y por un importe de 60.000 €, resultaron adjudicatarias de una vivienda tasada en casi tres veces más. Maite intentó llegar a un acuerdo con los acreedores para ir pagando poco a poco la deuda, pero no logró ni ser escuchada.

Hasta aquí un breve resumen de la historia de Maite. Ahora y con la consecuente indignación, analicemos el anteriormente citado artículo 47;

1.- “Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” … Que se lo digan a los vecinos de las “Mil viviendas” de Alicante, de “El Raval” en Barcelona, de “El Príncipe” en Ceuta, de “Almenjayar” en Granada, de “Sa Penya” en Ibiza, de “Las Barranquillas” en Madrid, de las “Tres mil viviendas” de Sevilla, de “El Cabanyal” en Valencia, … (la lista cada día es más extensa).

2.- “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” … Que se lo digan a las 17.411 familias que, como la de Maite, sufrieron la ejecución inmobiliaria, y correspondiente desahucio, durante 2019.

3.- “La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos” … ??? … No entiendo esta frase, pero me imagino que hace referencia a las comisiones entregadas en maletines, o bolsas de plástico, que reciben algunos políticos como sobresueldo a su honrada dedicación pública.

Dice Llum Oliver2 que “la ejecución de un desahucio es la despiadada frontera donde la propiedad privada se impone violentamente sobre el derecho a la vivienda, que en definitiva es el derecho a la vida”, y no puedo estar más de acuerdo con ella.

Disponer de un techo donde refugiarnos no debería ser un privilegio ni una herramienta especulativa sometida al control de los mercados. Cada desahucio ordenado por la autoridad judicial a favor de un banco, de un fondo buitre o de un especulador, es una enorme mancha negra para la justicia y un motivo más para sentirnos avergonzados de ella.

Qué triste que una persona tenga que decidir si pone un plato de comida a sus hijos en la mesa o si paga una cuota de la hipoteca para que un banco apunte un número más en su contabilidad y engorde sus asquerosos beneficios.

En ocasiones no entiendo la aplicación que se hace del ordenamiento jurídico, ya que parece que, ni funciona ni algunos de los que la ostentan y ejecutan desean que funcione. Nunca he confiado en la mayoría de políticos que tenemos y he dudado de la buena voluntad de los que ostentan el poder. Creo firmemente que en este mundo sólo manda el interés del poder económico, soportado por el interés del poder político y la connivencia de una parte del poder judicial.

Permitir el desahucio del pobre en favor de los intereses económicos del rico será legal, pero es una injusticia y una vergüenza para la sociedad.

 

1 https://elpais.com/espana/madrid/2020-11-11/desahuciada-una-mujer-de-82-anos-que-avalo-con-su-piso-un-prestamo-de-su-hija-y-que-convivia-con-sus-nietas-menores.html

2 Llum Oliver. Qué significa un desahucio. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.3 núm. 12, Derecho a la vivienda. A Coruña: Crítica Urbana, mayo 2020.

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