Algo está fallando…
Zuriñe González Sánchez
El pasado domingo 09/05/2021 conocíamos un nuevo suceso fatal de violencia de género, concretamente el asesinato de una mujer perpetrado presuntamente por su expareja que, después de los hechos, decidió acabar son su propia vida, en Sagunto (Valencia).
Una vez más, según van pasando las horas y se van conociendo más detalles, la incredulidad de que haya terminado en tragedia es mayor. En este caso, ya existía una orden de alejamiento impuesta tras la denuncia de la mujer que afirmaba estar siendo maltratada por su expareja. Además, la propia víctima pocos días antes del asesinato había pedido más ayudas y recursos a las instituciones debido a que se sentía en peligro (desgraciadamente no estaba equivocada en absoluto).
¿Qué ha pasado aquí? Claro que, quizás, la pregunta adecuada tras lo sucedido es “qué ha fallado aquí”. Seguramente todo lo que diga a continuación resulte una obviedad, pero claramente se ha fallado, y el precio a pagar ha sido altísimo: una vida.
Las órdenes de alejamiento tienen su esencia en que alejan al victimario de la víctima dotando a ésta de una protección frente a lo que amenaza su vida. Junto a esta medida se pueden tomar muchas más que traigan de la mano los recursos que las instituciones tienen para conseguir dicho objetivo. Sin embargo, aquí ha quedado patente la desprotección de la víctima, pese a esa orden y los recursos que se habían puesto en marcha tras su petición de ayuda.
Por tanto, el trágico final no se puede entender desde este prisma en el que todo se estaba haciendo y nada ha funcionado. Son estos casos los que disuaden a otras mujeres que están siendo maltratadas a denunciar y acabar con esa tortura constante en la que se ha convertido su vida.
Cuando las víctimas denuncian esperan de las instituciones y de los/as profesionales protección, es decir, un entorno seguro en el que poder empezar una nueva vida sin miedo de que el pasado se vuelva presente una y otra vez. Sin embargo, esta mujer en ningún momento estuvo en ese entorno de seguridad, incluso, se acercó a la oficina de atención a las víctimas a reclamar más protección. Esa protección nunca llegó.
Todo ello me ha llevado a varias reflexiones: ¿son suficientes las medidas actuales? ¿Son efectivas? ¿Se están ejecutando de la manera correcta?.
Teóricamente, se toman una serie de medidas cautelares en el momento de la denuncia para que, con inmediatez, comiencen a ser efectivas desde el instante en el que esa mujer abandona el juzgado y vuelve a su domicilio, lugar conocido por el agresor, donde muy probablemente irá a buscarla en el futuro. Este hecho es deber nuestro evitarlo poniendo en marcha todos los recursos disponibles, sino la denuncia es una mera provocación más para el agresor que, en ocasiones, lo único que hará será volverse más violento y subir la escala de la violencia con respecto a la mujer.
Sí, ya sé que ahora es cuando viene la famosa expresión de que es imposible hacer este seguimiento con todas las víctimas que tienen interpuesta una orden de alejamiento contra el victimario porque harían falta muchos más medios. ¿Es que acaso ahora la protección de las víctimas es una utopía? En ese caso, ¿para qué imponemos unas medidas de las que, salvo denuncia de la propia víctima, no se van a hacer ni seguimientos ni revisiones?.
De nada sirve la estrategia de hacer cumplir las medidas por miedo a las represalias en caso de transgredirlas, como si esto a un agresor que piensa que la mujer “es suya” le fuera a disuadir de hacer con sus “pertenencias” lo que le apetezca, más si cabe cuando su mujer “se ha portado mal” con él.
Las medidas que se impongan tienen que ser efectivas. Si eso supone incrementar los recursos habrá que hacerlo, pero en ningún caso podemos animar a las víctimas a denunciar si con ello lo único que hacemos es acrecentar el riesgo de ser agredidas una vez más.
Se trata de denunciar para acabar con el maltrato y apartar a la víctima del peligro, no para agravar la situación y que lo siguiente que se sepa es que han acabado con su vida.